Reséndez Silva descarta pérdida de derechos políticos y anuncia impugnación
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva, afirmó que la resolución emitida por el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas (IETAM) en su contra y del alcalde Eduardo Gattas Báez no implica la pérdida de derechos político-electorales, por lo que será impugnada ante las instancias legales correspondientes.
En entrevista, el funcionario señaló que, aunque existe respeto hacia el órgano electoral, no se coincide con el contenido de la resolución, motivo por el cual ya se prepara un recurso de impugnación que será presentado ante el Tribunal Estatal Electoral.
Reséndez Silva explicó que la intervención del Ayuntamiento se limitó exclusivamente a brindar apoyo institucional en una notificación solicitada por otra autoridad, sin que existiera intención alguna de restringir la participación política de algún integrante del Cabildo.
Detalló que el procedimiento consistió únicamente en dar lectura a un documento oficial como parte de una solicitud de apoyo, descartando que dicha actuación tuviera como finalidad afectar derechos o limitar funciones de algún miembro del Ayuntamiento.
El secretario rechazó que en este caso se haya configurado violencia política en razón de género o cualquier otra forma de exclusión en la participación política, al asegurar que en el Cabildo se garantiza el respeto pleno a las expresiones políticas de todos sus integrantes.
Asimismo, expresó sorpresa por la postura adoptada por el IETAM, al considerar que los organismos electorales deben promover la participación ciudadana y fortalecer la vida democrática, no generar restricciones.
Cuestionó además el proceso mediante el cual fue aprobada la resolución, al señalar que el proyecto fue presentado al pleno sin un análisis profundo ni discusión previa, y aprobado de manera unánime, lo que —dijo— evidencia una falta de revisión de fondo.
Finalmente, reiteró que la resolución del IETAM no tiene alcances legales para suspender o retirar derechos político-electorales, al precisar que la Constitución establece que solo una sentencia penal firme puede generar ese tipo de consecuencias, lo cual no ocurre en este caso.
