Más de 30 choferes del transporte público fueron rechazados por dar positivo a drogas
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de 30 operadores del transporte público han sido rechazados durante 2026 en sus trámites de ingreso o renovación del tarjetón de identificación, luego de dar positivo en pruebas antidoping, informó el subsecretario del Transporte, Armando Núñez Montelongo.
El funcionario explicó que las pruebas toxicológicas forman parte de los requisitos obligatorios para garantizar que los operadores se encuentren en condiciones aptas para prestar el servicio.
“Estas detecciones no son casualidad, sino que forman parte de los filtros estrictos y permanentes que se aplican a todos los aspirantes frente al volante”.
Núñez Montelongo indicó que, además de los exámenes antidoping, la dependencia mantiene operativos de alcoholimetría, mediante los cuales también se han detectado conductores con consumo de alcohol y marihuana en municipios como Tampico y Ciudad Victoria.
Precisó que los operadores sorprendidos bajo los efectos del alcohol son suspendidos durante tres meses, mientras que quienes consumen drogas reciben una inhabilitación definitiva para conducir unidades del transporte público.
“Desde el momento en que fueron detectados se tomó la decisión de suspenderlos, al no estar en condiciones de conducir unidades de transporte público”.
Añadió que la Subsecretaría notifica a los concesionarios para impedir que esos operadores sean contratados en otras rutas del estado.
“Mandamos un oficio a las rutas para informar que esa persona no debe estar conduciendo el transporte público”.
El subsecretario advirtió que prestar el servicio bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilícitas constituye una infracción grave, por lo que además de retirar de circulación la unidad y cancelar el tarjetón o incluso la concesión, los responsables pueden recibir multas que van de 190 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 22 mil 288 y 22 mil 462 pesos.
Finalmente, sostuvo que estos controles buscan proteger la integridad de los usuarios y reducir el riesgo de accidentes provocados por conductores que operen bajo los efectos de sustancias tóxicas.
