Sin sustento jurídico ni transparencia

CORRESPONDENCIA

Sin sustento jurídico ni transparencia

POR José Luis Castillo

Cuando una empresa presta un servicio público mediante una concesión, cuando así fuera, su obligación no es solo cobrar por ese servicio, sino hacerlo con absoluto apego a la ley, con transparencia y rindiendo cuentas a la autoridad y a la misma ciudadanía.

En el caso de Victoria Metters, las dudas son cada vez mayores. Si, como se ha señalado, la concesión que le permitía operar los parquímetros en Ciudad Victoria concluyó desde febrero de 2024, ¿con qué sustento jurídico continúa aplicando cobros a los automovilistas? Y lo que es peor, ¿Quien la solapa? Esa pregunta sigue sin una respuesta clara y convincente.

A ello se suma un hecho que ha generado aún más inquietud y hasta la molestia de los victorenses: la emisión de tickets con referencias al municipio de Matehuala, San Luis Potosí, pese a tratarse de parquímetros instalados en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La situación merece una explicación inmediata, tanto de la empresa como de las autoridades responsables de supervisar la prestación del servicio.

La ausencia de información oficial solo alimenta la percepción de que existe una operación carente de la transparencia que debe regir cualquier concesión pública. Si la empresa continúa prestando un servicio y cobrando a la ciudadanía después del vencimiento de su concesión, corresponde a las autoridades aclarar si esa operación cuenta con un respaldo legal vigente o, en caso contrario, actuar conforme a derecho.

Los victorenses tienen derecho a saber quién autoriza esos cobros, quién fiscaliza los recursos obtenidos y en qué condiciones jurídicas opera actualmente la empresa. El silencio institucional no puede convertirse en una forma de validar una situación que genera incertidumbre, desconfianza y hasta enojo por la complicidad de muchos en esto que prácticamente es un robo.

Las autoridades municipales y los órganos competentes tienen la responsabilidad de investigar, informar y, de ser necesario, intervenir para proteger el interés público. No se trata únicamente de la operación de unos parquímetros; se trata del respeto al Estado de derecho, de la transparencia en el manejo de un servicio público y de la defensa del patrimonio de los ciudadanos.

La legalidad no puede quedar sujeta a interpretaciones ni a omisiones. Si todo está en regla, la autoridad debe demostrarlo con documentos y explicaciones. Si no lo está, corresponde actuar con firmeza y exigir responsabilidades. La ciudadanía merece certezas, no dudas.

DOS.- con la novedad de que se acordó por parte de los cómeme cuantos locales la cancelación de la tradicional Feria del Regreso a Clases en Ciudad Victoria y esto no es simplemente la suspensión de un evento comercial. Es, en realidad, el reflejo de una economía local que atraviesa una preocupante falta de circulante y de un consumo cada vez más deprimido.

Peor, cuando los propios comerciantes reconocen que sus ventas han caído entre un 30 y un 40 por ciento, el mensaje es claro: el dinero no está llegando a los bolsillos de las familias y, cuando llega, apenas alcanza para cubrir las necesidades más urgentes. La ausencia de compradores durante el periodo vacacional explica solo una parte del problema; la otra, mucho más profunda, es la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre económica que mantiene frenado el consumo.

A este escenario se suma otro factor que los comerciantes señalan con preocupación: la inseguridad. No solo afecta la percepción de quienes prefieren evitar ciertas zonas comerciales, sino que también desalienta la actividad económica en una ciudad donde el comercio popular depende del flujo constante de personas.

La decisión de cancelar la feria evidencia que incluso los propios vendedores carecen de la capacidad financiera para invertir en un evento que durante años representó una oportunidad para apoyar la economía familiar. Si quienes generan el comercio minorista ya no pueden organizar una actividad de este tipo, queda claro que el problema no es coyuntural, sino estructural.

Resulta positivo que 28 comerciantes mantengan las promociones directamente en sus puestos, ofreciendo descuentos de hasta el 50 por ciento. Sin embargo, las ofertas por sí solas difícilmente reactivarán un mercado donde el principal obstáculo es la falta de dinero circulando entre la población.

Ciudad Victoria enfrenta una realidad que no puede ocultarse con discursos optimistas. La disminución del consumo es un termómetro del estado de la economía local y una advertencia de que hacen falta estrategias para incentivar la inversión, fortalecer el empleo y devolver confianza tanto a consumidores como a empresarios.

Hay que decirlo: Cuando una ciudad deja de tener recursos para organizar una feria dedicada al regreso a clases, el problema ya no es únicamente comercial. Es el síntoma de una economía que se está quedando sin movimiento y de familias que cada vez hacen más cuentas antes de gastar un solo peso y eso es preocupante.

TRES.-Cuando el trámite parece pesar más que la vida. La muerte de un conductor de plataforma en Ciudad Victoria deja muchas preguntas. No solo por las circunstancias que rodearon el caso, sino por la forma en que las autoridades decidieron comunicarlo.

Mientras la sociedad esperaba un mensaje centrado en la pérdida de una vida y en las condiciones de seguridad que enfrentan diariamente quienes trabajan al volante, la Subsecretaría del Transporte optó por destacar que el operador no contaba con el tarjetón de identificación. Una observación administrativa que, aunque pueda ser cierta y forme parte de sus atribuciones regulatorias, terminó enviando un mensaje equivocado: que el documento era más relevante que la tragedia.

El problema no es recordar la obligación de registrarse. El problema es el momento y la prioridad. Cuando una persona pierde la vida, el primer deber del Estado es mostrar empatía, explicar qué ocurrió y ofrecer certeza de que se investigará a fondo. Después vendrán las observaciones sobre permisos, registros o requisitos administrativos.

Por otra parte, la Fiscalía concluyó que el fallecimiento fue consecuencia de una conducta autoinfligida y descartó la participación de terceros o un intento de secuestro. Esa es la versión oficial y, en un Estado de derecho, merece ser considerada como el resultado de una investigación. Sin embargo, la confianza ciudadana no se construye únicamente con comunicados; se gana con investigaciones transparentes, información suficiente y resultados que disipen las dudas razonables que surgen cuando las primeras versiones de un hecho son tan distintas entre sí.

Las instituciones no deberían conformarse con tener la razón jurídica; también deben procurar la confianza pública. Cuando la comunicación oficial se percibe distante, apresurada o enfocada en aspectos secundarios, inevitablemente abre espacio para la desconfianza y la especulación.

Hoy la discusión no debería centrarse en si el conductor portaba o no un tarjetón. La pregunta de fondo es si quienes salen todos los días a trabajar en un taxi o en una plataforma digital cuentan con condiciones mínimas de seguridad y si, cuando ocurre una tragedia, las autoridades responden con sensibilidad, transparencia y eficacia.

Porque al final, ningún documento administrativo puede ser más importante que una vida humana. Y ninguna institución debería olvidar que, antes que un expediente, hay una familia que exige respuestas y una sociedad que necesita confiar en sus autoridades.

Si usted conoce a la guapa y talentosa contadora Ana Nájera no pierda el tiempo felicítela y hágale el día, este viernes cumple años la también funcionaria que se desempeña como secretaria tecnica de la secretaria de administración.