Tamaulipas segundo lugar en desapariciones
CORRESPONDENCIA
Tamaulipas segundo lugar en desapariciones
Por José Luis Castillo
UNO.- Tamaulipas ocupa el nada honroso segundo lugar en desapariciones y antes de ser para muchos una simple estadística este dato provoca indignación y coraje entre los amigos y familiares de estas personas que desde siempre exigen explicaciones y piden obligar a las autoridades a rendir cuentas.
La preocupación es seria y mire que ha cientos de denuncias que no se presentan y personas de las que nadie sabe su destino o paradero insisto la cifra es alarmante cuando la entidad se ubica en el segundo lugar nacional en registros activos de personas desaparecidas y no localizadas con 14 mil 856 casos.
Alarmante el dato, que al corte del pasado 21 de agosto de 2026 registra estos números y alármate también porque de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, Tamaulipas se ubica apenas por debajo del Estado de México y por encima de Jalisco. La distancia con el primer lugar es de apenas 656 registros. No es una diferencia que permita presumir que el problema está lejos de alcanzar los niveles más graves del país.
Y aquí está lo verdaderamente preocupante: más de 13 mil 800 personas siguen sin que el Estado pueda establecer dónde están.
Insisto detrás detrás de cada registro hay una familia. Hay una madre que sigue esperando una llamada, un padre que conserva la esperanza, hijos que crecieron sin respuestas, hermanos que aprendieron a vivir con una ausencia y hogares enteros atrapados en una pregunta que las instituciones no han podido responder.
Por eso resulta insuficiente mirar este segundo lugar como una posición dentro de una tabla. Tamaulipas no está compitiendo por un ranking. Está exhibiendo una de las crisis humanitarias más profundas de México.
Es cierto que la cifra reúne registros históricos y que no significa que todos los casos hayan ocurrido en 2026. Tambien es cierto que el Registro Nacional se encuentra en permanente actualización y que los números pueden modificarse conforme se incorporan o corrigen expedientes. Pero esas precisiones metodológicas, necesarias para entender el dato, no disminuyen la gravedad del problema.
Sean serios y vale la pena preguntar ¿Qué ocurrió con miles de personas que desaparecieron en Tamaulipas? ¿Cuántos expedientes avanzaron realmente? ¿Cuántas familias recibieron acompañamiento efectivo? ¿Cuántas búsquedas concluyeron con una localización? ¿Cuántos casos permanecen prácticamente congelados? ¿Cuántos cuerpos sin identificar podrían corresponder a personas que llevan años siendo buscadas?
Y, sobre todo, ¿qué está haciendo el Estado para que esta tragedia no siga alimentándose?
Hay que decirlo una desaparición no termina cuando se levanta una denuncia. Ahí comienza una carrera contra el tiempo. Cada hora perdida puede significar una oportunidad menos para encontrar a una persona con vida. Cada expediente mal integrado, cada diligencia que se posterga y cada investigación que se archiva en la burocracia representa una nueva forma de abandono para las familias.
Hay que decirlo, no puede haber una política de seguridad que se considere exitosa mientras miles de familias continúan buscando a los suyos. Tampoco puede hablarse de paz, recuperación o transformación social cuando existen miles de ciudadanos cuyo destino sigue siendo desconocido.
Tamaulipas puede presumir avances en infraestructura, inversión, desarrollo o seguridad. Pero ningún discurso institucional puede maquillar esta realidad: un estado que no logra encontrar a miles de sus habitantes tiene pendiente una de las tareas más elementales de cualquier gobierno: saber dónde están sus ciudadanos y responderle a sus familias, así de fácil.
DOS.- El reclamo del magisterio tamaulipeco para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) merece ser escuchado. Si un sistema destinado a regular el ingreso, la promoción y el desarrollo profesional de los docentes ha generado inconformidad, burocracia, incertidumbre o la percepción de que se vulneran derechos laborales, es razonable que sea revisado y, si es necesario, sustituido por un mecanismo más transparente, justo y funcional.
También resulta pertinente que el SNTE plantee revisar la situación de las escuelas Normales y, particularmente, la relación entre el número de egresados y las plazas disponibles. No tiene sentido formar generaciones de nuevos maestros como está sucediendo, sin una planeación que considere las necesidades reales del sistema educativo, la distribución de la población y los requerimientos de cada municipio.
Hay un elemento que no debería quedar fuera de la discusión: la USICAMM no apareció de manera unilateral por decisión de un gobierno de un solo partido ni fue impuesta exclusivamente desde la Secretaría de Educación Pública. Su creación fue producto de una reforma legal aprobada por el Congreso de la Unión, y en ese proceso participaron legisladores vinculados con las propias fuerzas políticas que hoy respaldan o representan al magisterio.
La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros fue aprobada en 2019, en el contexto de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo modelo sustituyó al anterior esquema de evaluación y creó las bases legales para el sistema que posteriormente operaría mediante la USICAMM.
Por eso, el debate actual no debería convertirse en un ejercicio de amnesia política. Es perfectamente válido reconocer que una decisión legislativa pudo haber producido resultados distintos a los esperados y que, con la experiencia acumulada, sea necesario corregirla.
Lo que resulta cuestionable es presentar hoy la USICAMM como si hubiera sido una imposición ajena al propio movimiento sindical y a sus representantes políticos.
Los maestros tienen derecho a exigir que se modifique o desaparezca aquello que consideran injusto. Pero también quienes hoy reclaman su desaparición tienen la responsabilidad de explicar qué se hizo mal, quiénes participaron en aquella decisión y por qué el mecanismo que en su momento se aprobó como una solución ahora es considerado un obstáculo.
Líderes, legisladores, afines al organismo sindical y hasta funcionarios en la administración del SNTE abonaron en aquel entonces a la aprobación del hoy análisis en materia y en donde participan 55 mil docentes tamaulipecos.
Hay que destacar que el magisterio merece un sistema más justo. Pero la justicia también empieza por llamar a las cosas por su nombre y asumir las decisiones que alguna vez se defendieron, aprobaron o permitieron aprobar, sean serios.
TRES.- La educación superior pública no puede seguir dependiendo únicamente de discursos bien intencionados cuando lo que está en juego es su viabilidad financiera y su capacidad para responder a las necesidades de la sociedad. La comparecencia de las universidades públicas ante el Congreso Federal coloca sobre la mesa un asunto que rebasa la entrega de estados financieros: la necesidad de construir una nueva relación entre las instituciones educativas y el Poder Legislativo.
En ese contexto, el planteamiento del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, adquiere relevancia porque propone pasar de la gestión aislada a una agenda compartida. Su llamado a establecer una alianza estratégica con la Cámara de Diputados apunta a dos problemas que no admiten postergación: garantizar condiciones financieras más estables para las universidades y lograr que el conocimiento que producen tenga una mayor incidencia en las comunidades, particularmente en aquellas que enfrentan mayores carencias.
Una alianza de esta naturaleza debe entenderse como una responsabilidad de doble vía. Si las universidades demandan mayores certezas presupuestales, también deben ofrecer resultados medibles, transparencia efectiva y una rendición de cuentas que permita a la sociedad conocer con claridad cómo se utilizan los recursos públicos. La autonomía universitaria no debe confundirse con opacidad, de la misma manera que la fiscalización no puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo académico.
La coincidencia expresada por legisladores, autoridades fiscalizadoras y representantes de la ANUIES abre una oportunidad que sería un error desperdiciar. El reconocimiento a las medidas de austeridad, la profesionalización administrativa y la incorporación de jóvenes universitarios a los procesos de fiscalización pueden convertirse en instrumentos concretos para fortalecer la confianza pública en las instituciones de educación superior.
El verdadero desafío comienza ahora. No basta con hablar de una “visión compartida” ni con proclamar que la educación es una prioridad nacional. Esa visión debe traducirse en presupuestos suficientes, reglas claras, mecanismos tributarios funcionales, proyectos de impacto social y sistemas de evaluación capaces de demostrar que cada peso invertido en una universidad pública produce conocimiento, formación profesional y bienestar, así de fácil.
Las universidades públicas tienen una responsabilidad histórica frente al país. Son espacios de formación, investigación, innovación y movilidad social, pero también deben ser protagonistas en la solución de los problemas de las comunidades. Por ello, el llamado formulado desde San Lázaro merece ser tomado en serio: Congreso y universidades pueden convertirse en aliados estratégicos, siempre que la colaboración se sustente en resultados y no únicamente en compromisos políticos, ¿Estamos?
