¡PA’ TRAS LOS FILDERS!

CORRESPONDENCIA
¡PA’ TRAS LOS FILDERS!
Por José Luis Castillo
Hay reconocimientos que se reciben por una trayectoria ejemplar pero lamentablemente lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo y, terminan convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para quienes los otorgaron.
La posible revisión de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” concedida en 2012 al exbasquetbolista y exdirector del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Raga Navarro, abre un debate que incluso abre la posibilidad de retirar las letras de oro inscritas en la galería de honor del palacio legislativo.
La medalla fue creada para reconocer a mujeres y hombres que hayan realizado servicios eminentes en favor de Tamaulipas, de México o de la humanidad. Es decir, no se trata de un simple reconocimiento protocolario ni de un premio de popularidad. Representa el honor, la trayectoria y el ejemplo de quienes han contribuido positivamente a la sociedad, cosa que Raga no hizo en su vida como servidor público, ni como persona o buen ciudadano.
Las presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Raga Navarro al frente del INDE, particularmente las relacionadas con la cuenta pública de 2023 y los señalamientos de posibles faltas administrativas graves por más de seis millones de pesos, obligan a revisar el significado de aquella distinción.
Hay que decirlo con claridad: las investigaciones y los procedimientos administrativos deben concluirse respetando el derecho de audiencia y la presunción de inocencia. No se puede convertir una observación o una denuncia en una sentencia anticipada, aun cuando hay un señalamiento oficial.
El Congreso tampoco puede hacerse de la vista gorda ante hechos que ponen en entredicho la congruencia entre el reconocimiento otorgado y la conducta que posteriormente se atribuye a quien lo recibió, hace algunos años.
Y aquí viene otra parte del asunto: el dinero que acompañó aquella medalla ya fue entregado y gastado. Ese recurso público difícilmente podrá recuperarse si no existe un procedimiento legal que lo permita y una determinación que así lo establezca.
Sin embargo, hay algo que sí está al alcance del Poder Legislativo y lo reitero: revisar la permanencia de su nombre en el Muro de Honor del Congreso, como bien lo ha planteado la guapa diputada Marina Ramírez.
Si después de las investigaciones correspondientes se acredita responsabilidad y se determina legalmente que existen elementos para retirar la distinción, ¿por qué no considerar también retirar las letras que llevan su nombre?
Sencillo si el dinero puede haberse gastado, el honor que representa una distinción pública no debería permanecer intacto cuando existen hechos debidamente acreditados que contradicen los méritos por los cuales fue concedida.
Hay que recordar que en este caso la legislación establece que una comisión propone una terna y que el Pleno del Congreso determina quién recibe el reconocimiento. Pero la ciudadanía merece conocer con mayor claridad qué criterios se utilizan, cómo se valoran los méritos, qué antecedentes se revisan y qué mecanismos existen para evitar que una distinción de esta naturaleza termine convertida en una decisión de coyuntura o de simpatías políticas, amiguismos, recomendaciones y compadrazgos.
La revisión de este caso también debería servir para establecer reglas claras sobre qué sucede cuando, después de recibir la medalla, una persona enfrenta señalamientos graves relacionados con el manejo de recursos públicos o su desempeño como servidor público.
Por lo pronto, el Congreso tiene una oportunidad para demostrar que sus distinciones se toman en serio. No basta con entregar una medalla de oro, un estímulo económico y colocar un nombre en letras de honor. También debe existir responsabilidad para revisar las circunstancias cuando surgen hechos que cuestionan la legitimidad de ese reconocimiento, así de fácil.
Si las investigaciones confirman responsabilidades, entonces sí: ¡pa’ tras los filders! Que se revise la presea y que las letras del Muro de Honor no se conviertan en un monumento a la falta de transparencia.
DOS. – Quien le entro duro al tema de resolver los problemas ciudadanos y rehabilitar los espacios públicos es Rodolfo Torre de la Garza, quien desde hace unos meses se da cita en distintos sectores para realzar jornadas comunitarias en donde el único objetivo es limpiar canchas deportivas y áreas verdes para beneficio de la gente.
Hay que decirlo, en una ciudad donde la recuperación de los espacios públicos representa uno de los grandes pendientes para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, las acciones que nacen de la participación ciudadana y la buena intención de Rodolfo Torre, adquieren un significado especial. No todo depende de grandes presupuestos ni de programas institucionales; en ocasiones, el cambio comienza con vecinos dispuestos a trabajar y personas que deciden sumarse a ese esfuerzo.
Reitero en Ciudad Victoria, la iniciativa de Rodolfo Torre de la Garza de colaborar con ciudadanos y grupos de la sociedad civil en la rehabilitación de parques, canchas deportivas y áreas verdes pone sobre la mesa un elemento fundamental: la corresponsabilidad social y si eso fuera poco la solidaridad con las familias victorenses.
Su participación en la recuperación del parque y la cancha de basquetbol de la colonia Mainero es un ejemplo de cómo la suma de esfuerzos puede generar resultados concretos. Llevar herramientas, aportar tiempo y participar directamente en las labores representa una forma de involucrarse en los problemas cotidianos de la comunidad, más allá del discurso.
El verdadero valor de estas acciones no está únicamente en mejorar la imagen de un parque o rehabilitar una cancha. Está en recuperar espacios de convivencia, ofrecer alternativas de recreación a niñas, niños y jóvenes, fortalecer el sentido de pertenencia y propiciar que los propios vecinos se conviertan en protagonistas del mejoramiento de su entorno.
También es importante reconocer que la participación ciudadana no sustituye las responsabilidades de las autoridades en materia de mantenimiento, infraestructura y servicios públicos. Por el contrario, debe convertirse en un complemento que impulse una mayor atención institucional y una cultura permanente de colaboración.
Por lo pronto, el mensaje que deja esta dinámica es claro: Victoria está en ruinas y necesita más ciudadanos involucrados, más organización vecinal y más iniciativas como esta que pasen de las buenas intenciones a los hechos.
Rodolfo Torre de la Garza ha encontrado eco en este trabajo comunitario una manera de contribuir, convencido de que no se necesita tener mucho para ayudar, sino disposición para aportar lo que está al alcance.
Al final, una ciudad no se transforma únicamente desde los escritorios ni con discursos. También se construye desde las colonias, en las calles y en esos espacios donde los ciudadanos deciden dejar de esperar y comienzan a participar y que mejor con un joven con buenas intenciones, buena voluntad y muy buena formación en valores y sentimientos hay que subrayarlo.
TRES. – En estos nuevos tiempos en donde las instituciones públicas enfrentan el reto de administrar con responsabilidad sus recursos y responder a una sociedad cada vez más exigente, mantener finanzas sanas se convierte en un indicador fundamental para lograr la confianza, estabilidad y capacidad de crecimiento.
En ese sentido, la ratificación de la calificación ‘AA (mex)’ con Perspectiva Estable otorgada a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por Fitch Ratings representa una señal positiva para la institución y para el sistema educativo de la entidad.
La evaluación de la agencia internacional pone de relieve aspectos que resultan fundamentales para cualquier universidad pública: disciplina presupuestal, control responsable del gasto, planeación de inversiones y capacidad para mantener una operación financiera estable.
Vale la pena decirlo, uno de los elementos más relevantes del reporte es que la UAT mantiene un perfil crediticio sólido y no registra deuda vigente. Esta condición representa una ventaja para la institución, particularmente en un escenario donde las universidades públicas deben encontrar un equilibrio entre sus necesidades de crecimiento, la modernización de su infraestructura y la calidad de sus servicios educativos.
También destaca la constitución del fideicomiso para el fortalecimiento universitario, con recursos cercanos a los 3 mil 323 millones de pesos, orientados a respaldar proyectos de becas, tecnología, infraestructura e investigación. Se trata de una herramienta financiera que, bien administrada y con resultados transparentes, puede convertirse en un respaldo importante para el desarrollo institucional.
Sin embargo, hay que destacar que el desafío comienza después de recibir una buena calificación: transformar la estabilidad financiera en mejores oportunidades para los estudiantes, mejores condiciones para los docentes, mayor capacidad de investigación y una infraestructura universitaria acorde con las exigencias actuales.
Bajo la rectoría de Dámaso Anaya Alvarado, la ratificación de Fitch Ratings fortalece la posición institucional de la UAT y proyecta una imagen de certidumbre ante la comunidad universitaria y la sociedad tamaulipeca.




