Tamaulipas lidera entre estados fronterizos en uso de drones del crimen organizado
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El uso de drones por parte del crimen organizado ha crecido de forma acelerada en Tamaulipas, al grado de colocar al estado como el líder entre las entidades fronterizas en decomisos de estas aeronaves utilizadas en actividades ilícitas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército Mexicano ha asegurado 28 drones presuntamente vinculados a operaciones delictivas en territorio tamaulipeco, cifra que posiciona al estado en el primer lugar entre las entidades de la frontera norte y en el tercer lugar a nivel nacional.
Solo Sinaloa y Michoacán superan a Tamaulipas en este tipo de aseguramientos, con 54 y 52 drones decomisados respectivamente entre 2020 y 2025.
Las estadísticas reflejan un crecimiento acelerado en el uso de estos dispositivos por parte de grupos criminales. Mientras que en 2024 se registró apenas un decomiso, durante 2025 la cifra se elevó a 26, lo que representa un incremento del 2,500 por ciento.
En 2023 no se documentaron aseguramientos y en 2022 únicamente se reportó uno, lo que evidencia la rápida expansión del uso de drones en operaciones del crimen organizado.
En el comparativo con otros estados fronterizos, Tamaulipas supera ampliamente a Chihuahua con seis decomisos; Nuevo León y Baja California con cuatro cada uno; Sonora con uno; mientras que Coahuila no registra aseguramientos.
A nivel nacional, después de Tamaulipas se ubican Guanajuato y Veracruz con siete drones decomisados cada uno, Guerrero con seis, y Estado de México y Jalisco con tres.
Además del aumento en decomisos, en 2025 se registró un ataque con dron contra personal del Ejército Mexicano en el municipio de Miguel Alemán, confirmando que estos dispositivos no solo son utilizados para vigilancia, sino también como herramientas de agresión.
Ante este escenario, el Código Penal de Tamaulipas fue reformado para sancionar el uso de drones con fines ilícitos. Las modificaciones contemplan penas de siete a 15 años de prisión por delitos contra la seguridad de la comunidad.
La legislación también establece como delito poseer o utilizar drones adaptados para transportar, lanzar o dejar caer objetos sin autorización, especialmente cuando sean empleados en actividades criminales, con agravantes cuando se provoquen lesiones u homicidios.
