El “vicepresidente” de El Mante
CORRESPONDENCIA
El “vicepresidente” de El Mante
Por José Luis Castillo
UNO.- De entrada ha que llamar las cosas como son en El Abra, el agua no llegó por voluntad del gobierno, sino por la presión que se hace cada vez más recurrente por parte de los ciudadanos para ser escuchados y lo que es peor en este caso no fue Paty Chío, quien resolvió fue el protagonismo de su tesorero y no de muy buen modo que digamos.
Pero hay que decirlo lo ocurrido en la congregación El Abra como en muchos casos deja varias lecturas que van mucho más allá de la reapertura de la carretera Mante-Valles y del compromiso de restablecer el suministro de agua potable. Es, sobre todo, una muestra de cómo la falta de atención oportuna de las autoridades termina convirtiendo una necesidad básica en un conflicto social.
Dos meses sin agua potable no es cualquier cosa, mucho menos una circunstancia que pueda resolverse con explicaciones administrativas o promesas de ocasión y de muy mal modo. Son 60 días en los que las familias han tenido que enfrentar las consecuencias de vivir sin un servicio indispensable, mientras esperaban una respuesta de quienes tienen la obligación de garantizarlo.
Y diría Juan Gabriel pero qué necesidad! , ¿Por qué esperar a que los habitantes de El Abra tuvieran que bloquear una carretera durante casi tres horas para conseguir que las autoridades reaccionaran?
El acceso al agua potable es un derecho humano reconocido constitucionalmente. No es un favor del Ayuntamiento, una concesión política ni una prestación que los ciudadanos deban salir a negociar mediante protestas. Es una obligación de las autoridades.
Que haya sido necesario llegar al cierre de una vía de comunicación para alcanzar un acuerdo evidencia una falla en los mecanismos de atención ciudadana. La inconformidad no apareció de la nada: se acumuló durante dos meses de carencias y, aparentemente, sin una respuesta que resolviera de fondo el problema.
Pero la escena del diálogo también dejó otra imagen políticamente significativa.
El tesorero municipal, Rigoberto Rodríguez Rangel, como siempre lo hace en temas financieros quien ahora visiblemente molesto, tomó la palabra y prácticamente desplazó de la conversación a la presidenta municipal, Patricia Chío, sin darle oportunidad de intervenir ante los manifestantes.
Vale la pena analizar quién gobierna y quién lleva la voz institucional del Ayuntamiento, aunque hay quien dice que quie verdaderamente dice que sí y que no es Rodríguez Rangel a quien le llaman el vicepresidente.
El tesorero tiene responsabilidades administrativas y financieras, hay que subrayarlo, pero eso no lo convierte automáticamente en la voz principal del gobierno municipal ni le otorga facultades para asumir la representación de la Presidencia Municipal. Mucho menos por el simple hecho de ostentar una supuesta “vicepresidencia”.
Conviene aclararlo: el tesorero es tesorero, no vicepresidente municipal. Las responsabilidades públicas tienen atribuciones definidas y no se modifican por el protagonismo de una circunstancia ni por el volumen de la voz de quien decide intervenir.
Si Patricia Chío es la presidenta municipal, corresponde a ella encabezar la conducción política del Ayuntamiento, dar la cara ante los ciudadanos y explicar las decisiones de su administración. Que otro funcionario termine ocupando ese espacio mientras la alcaldesa permanece sin intervenir proyecta una imagen de desorden en la comunicación y representación institucional.
Y no se trata de cuestionar que el tesorero participe en una negociación, sino de señalar las formas, los límites de sus atribuciones y, sobre todo, la ausencia de una conducción política clara frente a un problema que afecta directamente a la población.
El tercer elemento tampoco debe pasar inadvertido: el acuerdo alcanzado no representa una solución definitiva. Ofrecer agua un día sí y otro no, con suministro previsto entre las siete y ocho de la noche, apenas significa un alivio parcial para las familias de El Abra algo así como un mejoralito.
Es decir, después de dos meses sin agua, la respuesta inmediata del gobierno municipal es ofrecer un servicio intermitente y dejar pendiente la construcción de un nuevo pozo.
Lo tomas o lo dejas y por lo tanto las familias tendrán que acostumbrarse a vivir con agua cada 48 horas, esa es la gran solución, veremos.
DOS.-De entrada, la inauguración del Tercer Coloquio Intersedes del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), constituye una expresión del compromiso de la educación superior con la construcción de una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.
La participación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, adquiere especial relevancia al colocar en el centro de su mensaje una premisa fundamental: los derechos humanos no son una concesión del Estado, sino derechos inherentes a toda persona. Reflexión que trasciende el discurso institucional y plantea un desafío permanente para las universidades: convertir el conocimiento, la investigación y la formación profesional en herramientas capaces de transformar positivamente la realidad social.
En este sentido, destaca la visión de una universidad que no limita su función a la transmisión del conocimiento, sino que asume una responsabilidad activa frente a los grandes problemas de la sociedad. La desigualdad, la injusticia, la discriminación y la vulneración de los derechos fundamentales requieren instituciones educativas comprometidas con la investigación, el pensamiento crítico y la generación de propuestas que contribuyan al bienestar colectivo.
La presencia de Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, y la participación de ocho instituciones de educación superior reflejan, además, la importancia de sumar voluntades y capacidades académicas para fortalecer una agenda nacional en materia de derechos humanos. La colaboración interinstitucional demuestra que los grandes desafíos sociales no pueden abordarse desde esfuerzos aislados, sino mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y perspectivas multidisciplinarias.
Para la UAT, ser sede de este tercer coloquio significa consolidar su presencia en los espacios nacionales de reflexión e investigación, al tiempo que fortalece su vocación humanista y su vinculación con instituciones que comparten la convicción de que la educación debe estar al servicio de la sociedad.
El mensaje del rector Dámaso Anaya deja una idea que debe destacarse: la grandeza de una universidad no se mide únicamente por sus indicadores académicos, sus instalaciones o sus reconocimientos, sino por su capacidad para contribuir a mejorar la vida de las personas.
TRES.- La advertencia del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, sobre la revisión de los 800 millones de pesos solicitados por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para el ejercicio fiscal 2027, así como la exigencia de aclarar un contrato de 37 millones de pesos atribuido a la empresa Cajas Graf, pone sobre la mesa un asunto que merece mucha más profundidad sobre todo por la responsabilidad de los diputados de vigilar, con rigor y sin excepciones, el destino de los recursos públicos.
Y es que revisar un presupuesto no puede reducirse a cuestionar cifras, expresar dudas ante los medios de comunicación o advertir que determinado organismo podría recibir menos recursos. La verdadera responsabilidad legislativa comienza cuando se solicitan explicaciones, se examinan documentos, se contrastan resultados y se toman decisiones sustentadas en criterios técnicos, financieros y legales.
En el caso del IETAM, la solicitud de 800 millones de pesos para 2027 obliga a plantear preguntas indispensables: ¿cómo se integra esa cantidad?, ¿qué actividades y compromisos pretende cubrir?, ¿cuánto corresponde a gasto operativo y cuánto a actividades electorales?, ¿qué recursos se ejercieron anteriormente y cuáles fueron sus resultados?
También debe considerarse que el presupuesto de una autoridad electoral no puede analizarse exclusivamente comparándolo con el de un año anterior. Es necesario tomar en cuenta el calendario electoral, las responsabilidades institucionales, los procesos de preparación y los compromisos legales que debe cumplir el organismo. La autonomía electoral debe respetarse, pero no puede convertirse en sinónimo de opacidad ni de ausencia de rendición de cuentas.
Por otra parte, el señalamiento relacionado con el contrato de 37 millones de pesos con Cajas Graf merece una revisión documental seria. No se trata de anticipar culpabilidades ni de convertir una contratación en prueba de irregularidades, sino de exigir que el IETAM explique bajo qué procedimiento se realizó, cuáles fueron los criterios para seleccionar al proveedor, qué servicios o bienes se contrataron, si existió competencia entre participantes y si las condiciones económicas fueron favorables para el erario.
Si todo se hizo conforme a derecho, la documentación debe demostrarlo. Y si existen inconsistencias, corresponde a las instancias fiscalizadoras determinar las responsabilidades que procedan, así de fácil.
Hay que destacar que: Los legisladores tienen la responsabilidad de revisar los presupuestos, evaluar el ejercicio del gasto, exigir cuentas a los organismos públicos y vigilar que cada peso se utilice para los fines autorizados. La Constitución de Tamaulipas establece principios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, transparencia y rendición de cuentas para quienes administran recursos públicos, no se trata solo de levantar la mano o presentar iniciativas que no sirven para nada y que nunca son ni analizadas, menos aprobadas en pleno.
Por eso, la exigencia de transparencia debe extenderse a todas las dependencias, organismos autónomos, municipios y entidades que reciben dinero de los contribuyentes. No puede haber instituciones intocables, pero tampoco revisiones selectivas motivadas por coyunturas políticas, veremos.
CUATRO.- Por cierto la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de revisar 25 años de contratos y adquisiciones del sistema electoral mexicano, incluyendo al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), abre una oportunidad para poner orden en el manejo de los recursos públicos y despejar cualquier duda sobre las prácticas de contratación de las autoridades electorales.
No se trata de prejuzgar ni de señalar culpables, pero sí de reconocer que ningún organismo, por autónomo que sea, está por encima de la obligación de transparentar cómo y en qué gasta el dinero de los contribuyentes.
En Tamaulipas, esta revisión cobra especial interés ante los recientes cuestionamientos sobre contratos millonarios del IETAM. La autoridad electoral tendrá que ofrecer toda la información necesaria para acreditar que sus adquisiciones se realizaron conforme a la ley y bajo criterios de transparencia, competencia y eficiencia.
Lo verdaderamente importante es que la investigación no se quede en anuncios ni en expedientes archivados. Si existen irregularidades, deben identificarse y sancionarse; si las contrataciones fueron legales, también debe quedar demostrado.
