Van por revolución judicial: oralidad moverá 90 mil juicios al año
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial de Tamaulipas alista la mayor transformación de los últimos años en materia de justicia civil y familiar. La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras, anunció que en abril próximo arrancará en Ciudad Victoria el nuevo sistema de oralidad civil y familiar, una reforma que impactará más de 90 mil asuntos al año y obligará a reconfigurar juzgados, contratar personal y operar simultáneamente el modelo tradicional.
La magistrada explicó que el cambio responde a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, al señalar que más del 80 por ciento de la carga de trabajo del Poder Judicial corresponde a estas materias.
“Queremos que Tamaulipas entre de lleno al nuevo modelo. La oralidad permitirá procesos más ágiles, eficaces y transparentes para la ciudadanía”, afirmó.
Como parte de la estrategia, descartó la creación de nuevos juzgados penales y precisó que la prioridad será reorganizar los juzgados civiles y familiares de la Primera Región Judicial, aprovechando la próxima apertura de la nueva Ciudad Judicial en la capital del estado.
Contreras reconoció que el reto será doble, ya que el sistema tradicional continuará atendiendo miles de expedientes abiertos, algunos con más de 20 años de antigüedad, mientras comienza a operar el nuevo esquema de oralidad.
Por ello, confirmó que será indispensable contratar más personal, pues el personal actual deberá seguir atendiendo los procedimientos iniciados bajo el modelo anterior.
“El sistema tradicional no para. Será necesario mantener prácticamente la misma plantilla y contratar el personal requerido para el nuevo modelo”, sostuvo.
Respecto a la reforma federal para homologar el Código Penal, la presidenta del Poder Judicial consideró que establecer un solo tipo penal para todo el país dará mayor certeza jurídica y permitirá criterios uniformes entre las entidades federativas.
Asimismo, señaló que casos recientes de violencia contra menores obligan a revisar y fortalecer el marco legal. Indicó que el Poder Judicial ya proporciona información técnica al Congreso del Estado para respaldar las modificaciones que sean necesarias en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes.
